En estos días se han ventilado tres discusiones económicas aparentemente inconexas, pero que en el fondo están íntimamente relacionadas. Por un lado, el lunes pasado, este diario reveló que Colombia ocupa uno de los últimos lugares en América Latina en cuanto a exportaciones por habitante.

Por otro, han empezado a surgir dudas sobre el potencial del sector agrícola para convertirse en una locomotora de crecimiento para el país. Adicionalmente, se han empezado a conocer las directrices de una reforma arancelaria que el Gobierno revelará a la opinión pública en las próximas semanas.

El vínculo entre los tres temas es simple. Colombia tiene una de las economías más cerradas del continente, y mientras esa situación persista no podremos aumentar nuestras exportaciones ni explotar el potencial que tiene el agro colombiano.

Vamos por partes. Una economía que no importa, tampoco exporta. Para que un sector exportador sea competitivo, debe tener acceso a bienes de capital e insumos importados a bajo costo. Adicionalmente, es evidente que para un productor es mucho más cómodo explotar un mercado local protegido que animarse a tratar de conquistar a los consumidores internacionales.

La relación entre estas dos dimensiones se evidencia en el caso de Colombia: ocupamos el décimo lugar en América Latina en cuanto a exportaciones por habitante, y la duodécima casilla en lo que se refiere a importaciones per cápita. Estas patéticas estadísticas arrojan una conclusión preocupante: tenemos una economía muy cerrada y eso limita severamente nuestro potencial exportador.

La situación es particularmente grave en el caso del agro. Es bien sabido que el sector agrícola colombiano tiene niveles arancelarios superiores a los del resto de la economía nacional. Esta excesiva protección ha tenido efectos perversos: en los últimos años el sector ha tenido un desempeño lamentable y ha desaprovechado las inmensas oportunidades que ofrece una demanda internacional en plena expansión.

Como lo destaca una publicación reciente de Fedesarrollo ('Tendencia Económica No. 100'), en el último lustro se ha dado un crecimiento inusitado de los precios internacionales de los productos agrícolas, generada por la vigorosa demanda de países como China e India. Esta expansión ha sido capitalizada por vecinos como Perú, Brasil, Argentina y México, cuya producción agrícola se ha multiplicado en los últimos años, mientras que en Colombia el sector creció menos que el resto de la economía, e incluso, se ha contraído recientemente.

Es en este contexto donde cobra una importancia fundamental la iniciativa del Gobierno de hacer un ajuste al régimen arancelario en las próximas semanas. Por ahora, las autoridades han anunciado que esta reforma buscará tres objetivos: reducir los aranceles de insumos y bienes de capital que no se produzcan en el país; garantizar que los distintos procesos productivos no enfrenten mayores aranceles para sus insumos que para sus productos finales; y dinamizar los sectores que el Gobierno espera que operen como locomotoras de la economía.

Aunque esos objetivos son plausibles, ya empezaron a oírse las objeciones de algunos voceros gremiales que pretenden preservar la protección excesiva que cobija a sus sectores. Por eso hay que decirlo de manera clara y tajante: una reforma arancelaria que no implique una reducción sustancial de la excesiva protección que tienen algunos sectores privilegiados, como es el caso del agro, no tendrá ningún efecto significativo sobre la competitividad y el crecimiento de la economía.